El Juzgado de Instrucción número 12 de Zaragoza está investigando al
antiguo director del centro de protección animal de Zaragoza, Miguel
Izuel, por un presunto delito contra la Ley de Protección Animal de Aragón del 2003.
Este proceso se inició con la denuncia que las protectoras de animales Zarapeludos y Galgo Leku presentaron contra el veterinario responsable del centro Servicios de Vanguardia Veterinaria S. L. 'Las Jaras', Miguel Izuel. La citada empresa poseía, entre mayo de 2004 y octubre de 2011, la contrata del centro de protección animal del Ayuntamiento de Zaragoza gestionado por el Instituto Municipal de Salud Pública.
El 24 de enero de 2012, fecha del registro de entrada de la demanda, las asociaciones presentaron los testimonios de cuatro personas que estuvieron trabajando en el centro.
En esos testimonios, ratificados ahora por el Seprona de la Guardia Civil tras tomar declaración, los trabajadores relataban presuntos maltratos contra los perros y gatos que llegaban hasta el centro situado en el paseo del Canal, junto a la Cartuja Baja. Entre las supuestas infracciones cometidas destacan el sacrificio de animales sin sedación previa o la introducción de estos en frigoríficos cuando todavía estaban vivos.
Este proceso se inició con la denuncia que las protectoras de animales Zarapeludos y Galgo Leku presentaron contra el veterinario responsable del centro Servicios de Vanguardia Veterinaria S. L. 'Las Jaras', Miguel Izuel. La citada empresa poseía, entre mayo de 2004 y octubre de 2011, la contrata del centro de protección animal del Ayuntamiento de Zaragoza gestionado por el Instituto Municipal de Salud Pública.
El 24 de enero de 2012, fecha del registro de entrada de la demanda, las asociaciones presentaron los testimonios de cuatro personas que estuvieron trabajando en el centro.
En esos testimonios, ratificados ahora por el Seprona de la Guardia Civil tras tomar declaración, los trabajadores relataban presuntos maltratos contra los perros y gatos que llegaban hasta el centro situado en el paseo del Canal, junto a la Cartuja Baja. Entre las supuestas infracciones cometidas destacan el sacrificio de animales sin sedación previa o la introducción de estos en frigoríficos cuando todavía estaban vivos.
Testimonios
Uno de los testigos relataba que “si los perros tenían seis años o más
eran directamente sacrificados, al igual que los gatos de dos años”.
Además, este trabajador apuntaba que el procedimiento para el sacrificio
de estos animales era “irregular”. “Lo que yo vi desde el 15 de mayo de
2008 hasta el 18 de abril de 2011 fue que el veterinario
responsable del centro administraba una sola dosis de un producto para
sacrificar a los perros sin sedación previa”, indica el
testimonio. En este proceso, el antiguo trabajador del centro recalca en
su declaración que “el veterinario del centro decía que lo podría hacer
de otra forma (con sedación previa para evitar sufrimiento) pero que así salía más barato y que, al fin y al cabo, eran perros”.
Este proceso, según establece la testificación, se producía
“directamente si entraba alguna camada de cachorros de más de cinco o
seis animales, cada vez que llegaba un puente largo como Semana Santa
para dejar sitio o con los animales que ensuciaban mucho o rompían la
jaula”, relata.
Este mismo trabajador también relató cómo el director del centro presuntamente habría dejado cachorros vivos en un congelador: “Una mañana estaba con un compañero poniendo en bolsas los cadáveres y cuando fuimos a sacar del congelador algunos cuerpos saqué una bolsa que se movía”, cuenta. “Cuando la abrimos nos encontramos una camada de seis cachorros de una perra que había parido en la nave la noche antes. Tengo que decir que esta práctica se la descubrí varias veces”, atestigua.
Una práctica similar señalaba otra de las trabajadoras del centro, que estuvo en él durante el 2006, y que indica en su testimonio que se encontró animales vivos en contenedores. “Cuando fui a tirar la basura a la parte de atrás había gatos pequeños vivos”.
El Seprona ya se dirigió al Ayuntamiento
La denuncia, presentada ante Fiscalía y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, también recoge un escrito que el Seprona de la Guardia Civil dirigió al Ayuntamiento de Zaragoza en 2007. “En fecha 19 de noviembre de 2007, una patrulla de Seprona llevó al centro unos cachorros y al ir al día siguiente, para intentar adoptar algunos de ellos, se encontraron con la desagradable noticia de que habían sido sacrificados”, recoge la demanda.
Esta situación volvió a repetirse el 18 de mayo de 2008, momento en el cual el Seprona remitió un escrito (número de expediente 626399/2008) a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza.
En estos momentos el Juzgado continúa con la fase de instrucción después de que Zarapeludos fuese la única protectora que presentara una querella criminal para continuar con el proceso. “Después de que se están recabando las pruebas y tras la imputación de la Guardia Civil a Miguel Izuel como autor de un presunto delito contra la protección de animales domésticos hay que esperar que el caso se lleve a juicio”, valoró Pilar Alda, letrada del caso. Además, la abogada recalcó que el Juzgado ha admitido la denuncia por la vía administrativa, lo que conllevaría en caso de culpabilidad una sanción pecuniaria, y además, “lo han admitido por la vía penal y se pedirían responsabilidades civiles y penales”, indicó Alda.
“Estoy tranquilo”
Miguel Izuel es todavía propietario de la residencia de animales 'Las Jaras', ubicada en las mismas instalaciones que ejerció la contrata municipal. Actualmente, como refleja la página web de la instalación, la empresa presta los servicios de residencia fija o temporal, adiestramiento, así como, un programa personalizado de adopción.
A pesar de la imputación por parte de la Guardia Civil, Izuel se mostró “tranquilo”, en declaraciones a HERALDO.es . “El proceso llevará su cauce y a ver cómo podemos enfocarlo, pero estoy tranquilo”, trasladó. En este sentido, el exdirector del centro de protección animal defendió que “el trabajo realizado siempre ha sido correcto” y señaló que en esta denuncia solo se observan “versiones de una serie de personas que dicen una cosa”. Además, advirtió que desconoce “la opinión de quienes han estado aquí trabajando durante un tiempo y demostraremos que eso no es verdad”. “Unos pueden decir una cosa y otros otra, pero meter animales vivos en un congelador nunca se ha hecho”, indicó respecto a las acusaciones vertidas por los antiguos trabajadores del centro.
Sin embargo, Izuel lanzó sus sospechas ante este proceso al entender que “evidentemente el enfoque que se está dando a esta situación indica que hay escondido algo detrás”. En este sentido, cabe destacar que el exdirector del centro decidió interponer un recurso en el Ayuntamiento de Zaragoza después de que en octubre del 2011 el consistorio diera la concesión al centro de Peñaflor, después de un concurso.
“Pienso que he hecho mi gestión correctamente y nadie me había dicho nunca nada. De pronto surge todo esto cuando aparece la nueva concesionaria en octubre”, reclamó Izuel, quien valoró que “hay un ataque personal hacia mi persona con un interés”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza rehusó hacer comentarios hasta que no exista una sentencia judicial al respecto.
Fuente original: Heraldo.es
Este mismo trabajador también relató cómo el director del centro presuntamente habría dejado cachorros vivos en un congelador: “Una mañana estaba con un compañero poniendo en bolsas los cadáveres y cuando fuimos a sacar del congelador algunos cuerpos saqué una bolsa que se movía”, cuenta. “Cuando la abrimos nos encontramos una camada de seis cachorros de una perra que había parido en la nave la noche antes. Tengo que decir que esta práctica se la descubrí varias veces”, atestigua.
Una práctica similar señalaba otra de las trabajadoras del centro, que estuvo en él durante el 2006, y que indica en su testimonio que se encontró animales vivos en contenedores. “Cuando fui a tirar la basura a la parte de atrás había gatos pequeños vivos”.
El Seprona ya se dirigió al Ayuntamiento
La denuncia, presentada ante Fiscalía y admitida a trámite por el Juzgado de Instrucción número 12 de la capital aragonesa, también recoge un escrito que el Seprona de la Guardia Civil dirigió al Ayuntamiento de Zaragoza en 2007. “En fecha 19 de noviembre de 2007, una patrulla de Seprona llevó al centro unos cachorros y al ir al día siguiente, para intentar adoptar algunos de ellos, se encontraron con la desagradable noticia de que habían sido sacrificados”, recoge la demanda.
Esta situación volvió a repetirse el 18 de mayo de 2008, momento en el cual el Seprona remitió un escrito (número de expediente 626399/2008) a los Servicios Jurídicos del Ayuntamiento de Zaragoza.
En estos momentos el Juzgado continúa con la fase de instrucción después de que Zarapeludos fuese la única protectora que presentara una querella criminal para continuar con el proceso. “Después de que se están recabando las pruebas y tras la imputación de la Guardia Civil a Miguel Izuel como autor de un presunto delito contra la protección de animales domésticos hay que esperar que el caso se lleve a juicio”, valoró Pilar Alda, letrada del caso. Además, la abogada recalcó que el Juzgado ha admitido la denuncia por la vía administrativa, lo que conllevaría en caso de culpabilidad una sanción pecuniaria, y además, “lo han admitido por la vía penal y se pedirían responsabilidades civiles y penales”, indicó Alda.
“Estoy tranquilo”
Miguel Izuel es todavía propietario de la residencia de animales 'Las Jaras', ubicada en las mismas instalaciones que ejerció la contrata municipal. Actualmente, como refleja la página web de la instalación, la empresa presta los servicios de residencia fija o temporal, adiestramiento, así como, un programa personalizado de adopción.
A pesar de la imputación por parte de la Guardia Civil, Izuel se mostró “tranquilo”, en declaraciones a HERALDO.es . “El proceso llevará su cauce y a ver cómo podemos enfocarlo, pero estoy tranquilo”, trasladó. En este sentido, el exdirector del centro de protección animal defendió que “el trabajo realizado siempre ha sido correcto” y señaló que en esta denuncia solo se observan “versiones de una serie de personas que dicen una cosa”. Además, advirtió que desconoce “la opinión de quienes han estado aquí trabajando durante un tiempo y demostraremos que eso no es verdad”. “Unos pueden decir una cosa y otros otra, pero meter animales vivos en un congelador nunca se ha hecho”, indicó respecto a las acusaciones vertidas por los antiguos trabajadores del centro.
Sin embargo, Izuel lanzó sus sospechas ante este proceso al entender que “evidentemente el enfoque que se está dando a esta situación indica que hay escondido algo detrás”. En este sentido, cabe destacar que el exdirector del centro decidió interponer un recurso en el Ayuntamiento de Zaragoza después de que en octubre del 2011 el consistorio diera la concesión al centro de Peñaflor, después de un concurso.
“Pienso que he hecho mi gestión correctamente y nadie me había dicho nunca nada. De pronto surge todo esto cuando aparece la nueva concesionaria en octubre”, reclamó Izuel, quien valoró que “hay un ataque personal hacia mi persona con un interés”.
Por su parte, el Ayuntamiento de Zaragoza rehusó hacer comentarios hasta que no exista una sentencia judicial al respecto.
Fuente original: Heraldo.es
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